Apenas unos días después del inicio de la campaña electoral de Quebec, las personas migrantes vuelven a ser presentadas como responsables de las escuelas saturadas, la crisis de vivienda y el deterioro de los servicios públicos.
El líder del Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, prometió reducir el número de inmigrantes temporales en Quebec, pasando de más de 500.000 a entre 200.000 y 250.000. Frente a una escuela secundaria de la ciudad de Quebec que utiliza aulas modulares, declaró que la provincia enfrenta una “pérdida total de control” de la inmigración.
La elección del lugar no fue casual. Convirtió a los niños migrantes en una explicación visual de las aulas saturadas y las escuelas deterioradas. Como señaló acertadamente Ruba Ghazal, portavoz de Québec solidaire, son años de falta de inversión gubernamental—y no los niños migrantes—los responsables del deterioro de la educación pública.
St-Pierre Plamondon afirma que responsabiliza a la CAQ y al gobierno federal, y no a las propias personas migrantes. Pero la política del chivo expiatorio no requiere atacar abiertamente a individuos. Cuando los políticos vinculan repetidamente a las personas migrantes con la escasez de vivienda, las escuelas sobrepobladas y los hospitales desbordados, alientan a la población a considerarlas como el problema.
Seres humanos reducidos a una cifra
La expresión “inmigrantes temporales” oculta realidades muy diferentes: solicitantes de asilo que huyeron de la persecución, estudiantes internacionales, trabajadores extranjeros temporales y familiares.
Muchas de estas personas llevan años viviendo, trabajando y criando a sus hijos en Quebec. No son una carga temporal. Forman parte de nuestras comunidades, pero se les niegan derechos iguales y un estatus permanente.
Los datos oficiales también muestran que el número de residentes no permanentes en Quebec ya había comenzado a disminuir antes de esta promesa electoral. Pasó de aproximadamente 565.450 personas en enero de 2025 a una cifra estimada de 514.050 en enero de 2026.
Aun así, el Parti Québécois propone una reducción mucho más drástica que podría desarraigar a cientos de miles de personas, sin explicar quiénes serían obligados a marcharse, qué permisos no serían renovados ni qué familias serían separadas. Instituto de Estadística de Quebec
Presentar esta medida como una simple “meta” administrativa no elimina sus consecuencias humanas.
Las personas migrantes no desmantelaron los servicios públicos
La inmigración puede aumentar la demanda de vivienda, escuelas y atención sanitaria. Sin embargo, esta demanda solo se convierte en una crisis cuando los gobiernos se niegan a construir y financiar adecuadamente los servicios que necesita una sociedad en crecimiento.
Las personas migrantes no impidieron que los gobiernos construyeran viviendas sociales. No permitieron que los apartamentos asequibles desaparecieran dentro de un mercado dominado por la especulación. Tampoco impusieron austeridad a las escuelas ni provocaron la escasez de personal en los hospitales. Esas fueron decisiones políticas adoptadas durante años.
Incluso después de que disminuyera la inmigración temporal y se redujeran las presiones sobre el mercado de alquiler de Montreal en 2025, los alquileres continuaron aumentando fuertemente. Esto demuestra los límites de responsabilizar al crecimiento demográfico: reducir la inmigración no controla a los propietarios, no elimina la especulación ni construye viviendas asequibles. Corporación Canadiense de Hipotecas y Vivienda
Las personas migrantes se han convertido en un blanco fácil precisamente porque los gobiernos no quieren que la atención se dirija hacia los promotores inmobiliarios, los grandes propietarios, las ganancias empresariales, la privatización o su propia negativa a invertir en infraestructura pública.
Buscadas como mano de obra, rechazadas como vecinas
La propuesta del Parti Québécois revela una contradicción evidente. El partido quiere reducir drásticamente la inmigración temporal mientras protege sectores como la agricultura, la manufactura y la atención sanitaria, que dependen en gran medida del trabajo migrante.
En otras palabras, los empleadores deberían seguir recibiendo la mano de obra que necesitan, mientras esas trabajadoras y trabajadores permanecen desechables y bajo sospecha política.
El líder del Partido Liberal de Quebec, Charles Milliard, criticó la propuesta principalmente porque las empresas ya enfrentan una escasez de mano de obra. Esta tampoco es una defensa suficiente de las personas migrantes. Las trabajadoras y trabajadores migrantes son seres humanos con derechos, no unidades de trabajo que deben conservarse cuando resultan rentables y expulsarse cuando hacerlo se vuelve políticamente conveniente.
Ambas posiciones reproducen la misma injusticia: el valor de las personas migrantes se determina según las necesidades de los empleadores, en lugar de reconocerlas como integrantes plenas de la sociedad con derecho a la seguridad, la igualdad y un estatus permanente.
La precariedad migratoria es una decisión política
Los gobiernos de Quebec y Canadá ampliaron deliberadamente los programas de inmigración temporal porque proporcionan a los empleadores una fuerza laboral con derechos restringidos, cuya permanencia en el país puede depender de un empleo o permiso determinado.
Los permisos de trabajo cerrados otorgan un poder enorme a los empleadores abusivos. Los estudiantes internacionales pagan matrículas excesivas mientras enfrentan restricciones laborales y obstáculos para acceder a la residencia permanente. Las personas solicitantes de asilo realizan trabajos esenciales mientras viven bajo la amenaza constante del rechazo y la deportación.
Los gobiernos crearon este sistema de precariedad. Ahora no pueden castigar por sus consecuencias a quienes se encuentran atrapados dentro de él.
Reducir el número de inmigrantes temporales sin garantizar un estatus permanente no acabará con la explotación. Profundizará la inseguridad, aumentará las deportaciones, separará familias y hará que los trabajadores tengan aún más miedo de denunciar el robo de salarios o las condiciones laborales peligrosas.
Estatus para todas y todos, no chivos expiatorios
El Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes rechaza cualquier intento de obligar a las personas migrantes a pagar el precio de décadas de fracasos políticos.
Quebec necesita inversiones masivas en vivienda pública, social y cooperativa, escuelas, atención sanitaria y transporte público. Necesita una mayor protección contra los aumentos de alquiler y medidas reales contra la especulación inmobiliaria. Se deben eliminar los permisos de trabajo cerrados, defender el derecho de asilo y garantizar un estatus permanente para todas y todos.
La pregunta central de estas elecciones no debería ser cuántas personas migrantes puede expulsar Quebec. Debería ser por qué los gobiernos continúan reduciendo el financiamiento de los servicios públicos mientras protegen a quienes se benefician de la crisis de vivienda y del trabajo precario.
Las trabajadoras y trabajadores migrantes construyen viviendas, producen alimentos, cuidan a las personas enfermas, limpian los lugares de trabajo y sostienen comunidades en todo Quebec.
No son responsables de la crisis. Se encuentran entre quienes están obligados a pagar su precio más alto.
Este texto responde a las declaraciones publicadas por Global News y The Canadian Press el 29 de agosto de 2026.
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