El gobierno de Carney ha revertido parcialmente los recortes al Programa Federal de Salud Provisional, tras meses de presión por parte de personas refugiadas, profesionales de la salud y organizaciones comunitarias. Aunque la medida ayudará a algunas familias, mantiene una política cruel que obliga a algunas de las personas más pobres y vulnerables de Canadá a pagar por una atención esencial que no pueden costear.
El programa ofrece cobertura temporal a las personas refugiadas reasentadas y solicitantes de asilo que esperan tener acceso al seguro de salud provincial o territorial. Desde mayo de 2026, la mayoría de las personas beneficiarias deben pagar el 30 % del costo de servicios médicos, suministros y dispositivos que anteriormente estaban cubiertos, además de cuatro dólares por cada medicamento recetado o renovación.
Para una persona solicitante de asilo sin permiso de trabajo, una trabajadora migrante con bajos ingresos o una persona indocumentada, estos cargos pueden significar tener que elegir entre medicamentos, alimentos y alquiler. Esto no es simplemente “compartir los costos”. Es un impuesto sobre la pobreza, la enfermedad y la precariedad migratoria.
La resistencia obligó al gobierno a retroceder
El 31 de julio, varios servicios y suministros esenciales —entre ellos equipos de alimentación, dispositivos respiratorios, implantes auditivos y rehabilitación hospitalaria— fueron trasladados a una categoría de cobertura sin copagos.
El cambio ayudará a familias como la de “Olivia”, una madre solicitante de asilo cuya hija tiene parálisis cerebral. Después de los recortes, tenía que conseguir más de 500 dólares mensuales para cubrir los nuevos gastos médicos, lo que la obligaba a considerar sacrificar alimentos y otras necesidades básicas para mantener con vida a su hija.
El gobierno presenta esta decisión como una “actualización rutinaria”. Sin embargo, llegó después de meses de manifestaciones, reuniones con parlamentarios, cobertura mediática y organización colectiva. Este alivio no fue un regalo del gobierno. Fue conquistado mediante la resistencia colectiva.
La austeridad sigue estando por encima de las vidas humanas
Ottawa afirma que la revisión preservará casi la totalidad de los ahorros anuales previstos, estimados en aproximadamente 200 millones de dólares. Por tanto, muchos servicios y suministros médicos esenciales continúan sujetos al copago del 30 %.
El gobierno también actuó después de reconocer que negar oxígeno domiciliario, sondas de alimentación u otros suministros puede prolongar las hospitalizaciones y aumentar los costos del sistema. Su retroceso estuvo motivado menos por un compromiso con los derechos humanos que por cálculos financieros.
Las personas trabajadoras indocumentadas permanecen especialmente expuestas. Muchas están completamente excluidas del seguro público, a pesar de trabajar, pagar impuestos y sostener sectores esenciales de la economía. Cuando enferman o sufren accidentes laborales, el costo del tratamiento y el temor a que se revele su situación migratoria suelen impedirles buscar ayuda.
Las personas refugiadas no son responsables de la crisis sanitaria
El líder conservador Pierre Poilievre afirma que las personas refugiadas reciben una atención mejor que la ciudadanía canadiense. Este argumento divisivo convierte una crisis causada por la falta de inversión y la privatización en un conflicto entre personas que sufren las consecuencias de las mismas políticas.
Las personas refugiadas no provocaron la escasez de médicos, la saturación de los hospitales ni las largas listas de espera. Estas condiciones fueron creadas por gobiernos que reducen los servicios públicos mientras permiten que las empresas privadas obtengan ganancias de la enfermedad.
Quitarles atención médica a las personas refugiadas no mejorará la atención de nadie. La respuesta es un sistema de salud público, universal y adecuadamente financiado, no una mayor exclusión.
El Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes recibe favorablemente cualquier medida que reduzca el sufrimiento, pero esta reversión parcial no es suficiente. Ottawa debe eliminar todos los copagos introducidos en mayo y restaurar la cobertura completa del programa.
La atención médica gratuita e integral debe garantizarse a todas las personas, incluidas las refugiadas, solicitantes de asilo, trabajadoras migrantes temporales, estudiantes internacionales y personas indocumentadas.
La enfermedad no pide pasaporte ni permiso de trabajo. El sistema de salud tampoco debería hacerlo.
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