Lo que revela la crisis de racismo dentro de la policía de Montreal no puede reducirse a unos cuantos agentes que se excedieron en sus funciones. El desmantelamiento de un equipo completo de 16 policías de la comisaría de barrio 39, en Montréal-Nord, tras denuncias de racismo y comportamientos de odio, plantea una pregunta mucho más profunda: ¿qué estructuras permiten que estas prácticas se desarrollen dentro de una institución que supuestamente debe proteger a todas las personas?
Tras conocerse el caso, organizaciones y actores comunitarios exigieron medidas concretas, mientras crecieron los llamados a una investigación pública independiente. Pero el problema va mucho más allá de recuperar la «confianza». Se necesita una verdadera rendición de cuentas y una transformación de las prácticas que exponen a las personas negras, inmigrantes, refugiadas y a otras comunidades marginadas a la discriminación, la vigilancia y la sospecha.
El problema no es nuevo en Montréal-Nord. El barrio todavía conserva la memoria de Fredy Villanueva, de 18 años, muerto por disparos de la policía en 2008, y de las largas luchas contra el perfilamiento racial y la marginación social y económica que siguieron. Hoy, las mismas preguntas regresan con una urgencia imposible de ignorar.
Residentes y organizaciones comunitarias exigen medidas reales, entre ellas el fin de las identificaciones policiales arbitrarias en las calles. Las comunidades que sufren el racismo no pueden ser obligadas a esperar más años para que cambien las instituciones.
Para las personas inmigrantes y refugiadas, así como para las trabajadoras y trabajadores con estatus precario, el miedo a la policía puede combinarse con la precariedad migratoria, la pobreza, el aislamiento lingüístico y la discriminación laboral y habitacional. Por eso, luchar contra el racismo policial es inseparable de la lucha por los derechos de las personas migrantes y de la clase trabajadora.
No bastan los cursos de «sensibilización» ni las declaraciones de relaciones públicas. Hace falta una investigación independiente y transparente, una verdadera rendición de cuentas, el fin del perfilamiento racial y de las intervenciones policiales discriminatorias, y un poder real para que las comunidades afectadas puedan exigir responsabilidades sobre las prácticas policiales.
La verdadera seguridad no se construye sobre el miedo. No puede haber justicia mientras el color de la piel, el origen o el estatus migratorio puedan convertir a una persona en sospechosa.
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