Julio de 2026 marca un nuevo punto de inflexión en el sistema de inmigración de Canadá. Aunque los gobiernos federal y de Quebec presentan estas medidas como simples reformas administrativas, en realidad forman parte de una estrategia política y económica más amplia: gestionar la migración principalmente en función de las necesidades del mercado laboral, mientras se endurecen los controles sobre las personas trabajadoras migrantes temporales, los solicitantes de asilo y los estudiantes internacionales.
Si bien muchas de las nuevas medidas se aplican en todo Canadá, su impacto será especialmente significativo en Quebec, donde el debate sobre los niveles de inmigración, la escasez de mano de obra y los derechos de las personas trabajadoras migrantes se ha vuelto cada vez más polarizado.
Estos cambios llegan apenas unas semanas después de que el gobierno federal presentara el proyecto de ley C-2, una legislación que amplía las facultades del Estado en materia de inmigración y asilo. En conjunto, el proyecto de ley y las reformas de julio apuntan hacia un sistema migratorio que prioriza el control fronterizo y la flexibilidad del mercado laboral por encima de los derechos de las personas migrantes y de su integración a largo plazo.
La apertura selectiva de Quebec
Uno de los cambios más positivos es la política pública temporal de Quebec que permite a los cónyuges de las personas solicitantes del Programa de Selección de Trabajadores Calificados de Quebec (PSTQ) obtener permisos de trabajo abiertos.
Esta medida reconoce que la inmigración económica no puede tener éxito si las familias de las personas trabajadoras son privadas del derecho a trabajar y alcanzar estabilidad económica. Sin embargo, su alcance sigue siendo limitado. Excluye a cientos de miles de trabajadores extranjeros temporales vinculados a permisos de trabajo cerrados, a numerosos solicitantes de asilo y a un gran número de trabajadores con bajos salarios que continúan enfrentando condiciones laborales y un estatus migratorio precarios.
Escasez de mano de obra sin residencia permanente
La estrategia migratoria de Quebec pone de manifiesto una contradicción más profunda. Los gobiernos sostienen que es necesario reducir la inmigración temporal mientras, al mismo tiempo, dependen de la mano de obra migrante para mantener en funcionamiento hospitales, centros de cuidados de larga duración, granjas, almacenes, restaurantes, el transporte, la industria manufacturera y la logística.
No se trata simplemente de una contradicción; refleja un modelo económico que depende cada vez más de las personas trabajadoras migrantes mientras niega a muchas de ellas la residencia permanente y la igualdad de derechos. Se les da la bienvenida cuando su trabajo es necesario, pero con demasiada frecuencia permanecen excluidas de la seguridad y las protecciones de las que disfrutan los residentes permanentes.
Políticas de asilo más restrictivas
El gobierno federal también propone importantes reformas al sistema de determinación de la condición de refugiado, incluyendo plazos más cortos para presentar solicitudes de asilo y documentación de respaldo, al tiempo que permite que los solicitantes de asilo elegibles obtengan permisos de trabajo abiertos en una etapa más temprana del proceso.
El acceso más rápido a un permiso de trabajo puede ayudar a las personas solicitantes de asilo a alcanzar independencia económica e integrarse más rápidamente al mercado laboral. Sin embargo, la reducción de los plazos puede crear nuevos obstáculos para las personas más vulnerables, que necesitan tiempo para obtener documentación o recuperarse de experiencias traumáticas.
Junto con el proyecto de ley C-2, estas medidas reflejan un cambio más amplio: el sistema canadiense se aleja de la protección de las personas refugiadas y avanza hacia un mayor control de la migración.
Un sistema migratorio cada vez más precario
Los estudiantes internacionales también siguen enfrentando regulaciones más estrictas, incluidas nuevas exigencias administrativas para cambiar de institución educativa y el mantenimiento del límite nacional sobre los permisos de estudio.
En términos más generales, el sistema migratorio canadiense se aleja de la ampliación de las vías hacia la residencia permanente y depende cada vez más de la migración temporal. A medida que los empleadores adquieren mayor influencia sobre quién puede permanecer en el país, muchas personas trabajadoras migrantes pasan a depender aún más de sus empleadores, tanto para conservar su empleo como su estatus legal.
Este desequilibrio desalienta a los trabajadores y trabajadoras a denunciar condiciones laborales inseguras, el robo de salarios o los abusos, y debilita su capacidad para organizarse colectivamente.
La inmigración y los derechos laborales son inseparables
La política migratoria no puede separarse de los derechos laborales.
Cuando el estatus migratorio depende de un solo empleador, las personas trabajadoras suelen mostrarse reacias a sindicalizarse, presentar denuncias sobre salud y seguridad o denunciar situaciones de explotación por temor a perder tanto su empleo como su derecho a permanecer en Canadá.
Las experiencias vividas en Quebec —desde los almacenes de Amazon hasta los sectores agrícola, hotelero y de cuidados de larga duración— demuestran que la precariedad del estatus migratorio se ha convertido en una poderosa herramienta para debilitar el poder de negociación de las personas trabajadoras.
Por ello, proteger a las personas trabajadoras migrantes requiere mucho más que mejorar los procedimientos administrativos de inmigración. Exige transformar las condiciones estructurales que hacen posible su explotación.
Una alternativa basada en los derechos
Las reformas migratorias de julio envían un mensaje claro: los gobiernos están dispuestos a facilitar la inmigración cuando responde a las necesidades económicas, mientras endurecen simultáneamente los controles sobre el asilo, la migración temporal y el acceso a la residencia permanente.
Para el Immigrant Workers Centre, la alternativa es clara. Canadá debe eliminar los permisos de trabajo vinculados a un solo empleador, crear vías accesibles hacia la residencia permanente para todas las personas trabajadoras migrantes, retirar el proyecto de ley C-2, fortalecer la protección de las personas refugiadas y garantizar que toda persona trabajadora, independientemente de su estatus migratorio, tenga derecho a organizarse, trabajar en condiciones seguras y vivir con dignidad.
La migración no debe ser tratada simplemente como una herramienta para abastecer de mano de obra a la economía. Es, ante todo, una cuestión de derechos humanos, justicia social e igualdad. Una economía que depende del trabajo de las personas migrantes no puede construirse sobre un sistema que les niega la igualdad de derechos.
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