El 6 de octubre, el Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes (CTTI-IWC) participó en una concentración frente a las oficinas de la CNESST, en el Complexe Desjardins de Montreal, cinco años después de la entrada en vigor de la reforma de salud y seguridad laboral en Quebec.
La movilización reunió a integrantes de la CSD, CSN, CSQ, FTQ y UTTAM, así como a organizaciones de defensa de los derechos de las y los trabajadores. El mensaje fue claro: la evaluación de la reforma de 2021 no debe limitarse a un simple ejercicio administrativo. Debe servir para corregir los retrocesos en la aplicación de la antigua ley y reforzar los derechos en materia de prevención, indemnización y reconocimiento de lesiones y enfermedades profesionales.
La movilización tiene lugar en momentos en que el nuevo gobierno debe revisar la reforma este otoño. La ley establece que el ministro de Trabajo debe presentar un informe sobre su aplicación y sobre la necesidad de mantener o modificar sus disposiciones.
Para el Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes, esta cuestión es especialmente importante para las personas trabajadoras no sindicalizadas, migrantes y temporales, muchas de las cuales trabajan en almacenes, fábricas, limpieza, restaurantes y otros sectores donde son frecuentes las lesiones y las condiciones laborales difíciles.
El CTTI denuncia especialmente que, en la práctica, las y los trabajadores no sindicalizados siguen sin poder participar de manera efectiva en la prevención, a pesar de que la ley reconoce ese derecho. En los lugares de trabajo sin sindicato, rara vez existen representantes de prevención debidamente elegidos y en quienes las y los trabajadores puedan confiar.
Sin representantes confiables y protegidos contra represalias, incluso un derecho tan básico como el derecho a rechazar un trabajo peligroso puede convertirse en un derecho meramente formal. Una persona trabajadora puede conocer ese derecho y aun así tener miedo de ejercerlo por temor a represalias o a perder su empleo.
La salud y la seguridad no deben depender del estatus migratorio, del tipo de empleo ni de la existencia o no de un sindicato.
Toda persona debe poder sentirse ciudadana de pleno derecho, incluso durante sus horas de trabajo, y regresar a casa sana y salva después de la jornada laboral.
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