Una nueva encuesta revela la profunda crisis del sistema de salud en Canadá, especialmente en Quebec, donde los largos tiempos de espera llevan a los pacientes a evitar las consultas médicas y los hospitales. La solución no es la privatización, sino una mayor inversión pública, la contratación de más personal sanitario y mejores servicios para todas las personas.
El acceso a la atención médica en Canadá ya no está garantizado cuando las personas lo necesitan. Para miles de trabajadores, familias y personas mayores, consultar a un médico puede significar pasar largas horas en los servicios de urgencias o esperar semanas, e incluso meses, para conseguir una cita. En algunos casos, posponer el tratamiento se convierte en la única opción para quienes no pueden permitirse esperar o perder un día de salario.
Una nueva encuesta de Léger, publicada el 29 de octubre de 2026, revela que la mitad de las personas encuestadas en Canadá ha evitado buscar atención médica debido a los largos tiempos de espera. La proporción es especialmente elevada entre las mujeres, las personas mayores y los residentes de Quebec.
Más revelador aún, el 84 % de las personas encuestadas considera que el sistema de salud necesita cambios. Se trata de una clara advertencia de que la crisis ya no es simplemente un problema administrativo, sino que está afectando el derecho fundamental de la población a recibir atención médica.
Los datos oficiales confirman la gravedad de la situación. Según el Instituto Canadiense de Información sobre la Salud, uno de cada diez pacientes pasó más de 14 horas en los servicios de urgencias durante el año fiscal 2024-2025, mientras que algunos pacientes que requerían hospitalización esperaron más de 36 horas para conseguir una cama.
¿Se está convirtiendo el sufrimiento de los pacientes en una oportunidad para privatizar la salud?
Paradójicamente, la encuesta fue encargada por tres organizaciones de derecha favorables a las políticas de mercado, entre ellas el Instituto Económico de Montreal. Sus resultados destacan que el 61 % de las personas encuestadas apoya la posibilidad de pagar por servicios médicos privados cuando no pueden recibir atención oportuna en el sistema público.
Sin embargo, estar dispuesto a pagar para evitar las largas esperas no significa apoyar la privatización de la salud. Los pacientes quieren recibir tratamiento a tiempo, no necesariamente un sistema en el que las personas ricas sean atendidas primero mientras las demás se ven obligadas a esperar.
El peligro es que la expansión del sector privado termine atrayendo a médicos y enfermeras fuera de los hospitales públicos, en lugar de resolver la escasez de personal. El resultado podría ser un sistema de salud de dos velocidades, con atención más rápida para quienes pueden pagar y esperas más largas para el resto de la población.
Canadá gasta miles de millones. ¿Por qué continúa la crisis?
Según las estimaciones del Instituto Canadiense de Información sobre la Salud, el gasto total en salud en Canadá alcanzará los 399.000 millones de dólares en 2025. Sin embargo, el sistema sigue enfrentando escasez de médicos, camas hospitalarias y servicios esenciales.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Canadá cuenta con 2,7 médicos por cada 1.000 habitantes, frente a un promedio de 3,9 en los países de la OCDE. También dispone de apenas 2,5 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, en comparación con un promedio de 4,2.
Estas cifras muestran que el problema no consiste únicamente en cuánto dinero se gasta, sino también en cómo se distribuyen los recursos y si la inversión pública es suficiente para responder a las necesidades de la población.
No basta con gestionar mejor las listas de espera. Es necesario ampliar realmente la capacidad del sistema público para atender a los pacientes.
Esto exige aumentar de manera sostenida la financiación pública, contratar más médicos y personal de enfermería, mejorar los salarios y las condiciones laborales del personal sanitario, abrir nuevas clínicas públicas, ampliar la atención domiciliaria y los servicios comunitarios, y aumentar la capacidad de los hospitales.
Estas inversiones deberían financiarse mediante una política fiscal más justa, que obligue a las grandes empresas y a las personas más ricas a contribuir más al sostenimiento de los servicios públicos.
Los trabajadores y migrantes pagan un precio más alto
La crisis sanitaria no afecta a todas las personas por igual. Un trabajador con bajos ingresos puede perder parte de su salario al pasar horas esperando en un hospital. Una trabajadora migrante sin licencia por enfermedad remunerada puede verse obligada a elegir entre su salud y sus ingresos. Quienes enfrentan barreras lingüísticas o administrativas, o dificultades para acceder a la cobertura médica, pueden sufrir consecuencias aún más graves.
Por eso, la lucha por mejorar la atención sanitaria no puede separarse de la lucha por los derechos de los trabajadores y migrantes, las licencias por enfermedad remuneradas y el acceso igualitario a los servicios públicos.
La crisis de la salud no es un conflicto entre los pacientes y el personal hospitalario. Ambos están pagando las consecuencias de la falta de recursos y de la presión constante sobre los servicios públicos.
La solución no consiste en convertir la enfermedad en una nueva fuente de ganancias privadas, sino en construir un sistema público de salud más fuerte, justo, responsable ante la población y capaz de garantizar atención médica para todas las personas.
El hecho de que el 84 % de las personas encuestadas exija cambios debería impulsar a los gobiernos a aumentar la inversión en la salud pública, y no a aprovechar el descontento por los tiempos de espera para justificar la privatización.
La salud no es una mercancía y la atención médica no debe ser un privilegio reservado para los ricos. Es un derecho de todas las personas. Defenderlo es una lucha común de los trabajadores, pacientes, migrantes y de quienes quieren una sociedad que ponga la vida humana por encima de las ganancias.
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