A medida que se acercan las elecciones de Quebec del 5 de octubre, los partidos de derecha no compiten únicamente en torno a los impuestos, los servicios públicos o la economía. Se está produciendo otra competencia, más peligrosa: quién puede mostrarse más duro con las personas migrantes y las minorías religiosas, y quién puede ir más lejos utilizando el discurso de la “protección de la identidad de Quebec” y el “laicismo” para justificar la exclusión.
Esto ocurre mientras las familias trabajadoras enfrentan una crisis de vivienda, el aumento del costo de vida y graves problemas en los sistemas de salud y educación. En lugar de responsabilizar a los gobiernos, las políticas de austeridad y la falta crónica de inversión, las personas migrantes, solicitantes de asilo y minorías religiosas son convertidas cada vez más en blancos políticos convenientes.
De la neutralidad del Estado al control de las personas
Desde que se adoptó la Ley 21 en 2019, el significado del laicismo en Quebec ha cambiado gradualmente. Lo que debería ser un principio destinado a garantizar la neutralidad del Estado frente a la religión se utiliza cada vez más para imponer restricciones a las personas en los lugares de trabajo, las instituciones educativas y los espacios públicos.
El 1 de septiembre entraron en vigor nuevas restricciones en el marco del reforzamiento de la legislación de Quebec sobre la laicidad. Las normas prohíben las prácticas religiosas en una amplia gama de espacios controlados por instituciones públicas y afectan tanto las prácticas religiosas individuales como las colectivas.
Las prácticas religiosas colectivas en calles y parques públicos también están prohibidas, salvo que un municipio conceda una excepción.
Estas restricciones ponen de manifiesto una contradicción fundamental: el Estado puede afirmar que es “neutral” frente a la religión mientras decide dónde una persona tiene permitido rezar.
Esta contradicción es particularmente evidente en la Société de transport de Montréal (STM). El personal puede seguir utilizando las salas de bienestar para meditar, relajarse o practicar yoga, pero ya no puede utilizarlas para rezar.
En la Université de Montréal, las personas que deseen rezar deben salir del campus.
La pregunta no es si Quebec debe ser una sociedad laica. La pregunta es: ¿la laicidad del Estado significa liberar a las instituciones públicas del control religioso o darle al Estado un mayor poder para regular las creencias y prácticas personales de trabajadores y estudiantes?
Las mujeres musulmanas y las personas trabajadoras pagan el precio
Esta cuestión está en el centro de la advertencia lanzada por una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil de Quebec en la Declaración contra la instrumentalización de la laicidad.
La declaración, impulsada por organizaciones como el Observatoire des inégalités raciales au Québec, el Observatoire pour la justice migrante, la Fédération des femmes du Québec, la Ligue des droits et libertés y la Canadian Civil Liberties Association, no rechaza la laicidad. Por el contrario, sostiene que la laicidad del Estado es un importante principio democrático porque separa al Estado de la religión y, al mismo tiempo, protege la libertad de conciencia y de creencias de todas las personas.
Lo que rechazan sus firmantes es el uso de la laicidad como herramienta de exclusión.
La declaración señala las consecuencias de las leyes 21, 94 y 9: trabajadores y trabajadoras que pierden oportunidades laborales, estudiantes excluidos de determinadas profesiones y padres y madres a quienes se les impide participar plenamente en las escuelas de sus hijos. Estas restricciones afectan de manera desproporcionada a las mujeres musulmanas que llevan símbolos religiosos.
La declaración también advierte que estas políticas contribuyen a crear un clima en el que el racismo, la intolerancia y la discriminación contra las minorías se normalizan cada vez más.
Sus firmantes exigen que todos los líderes de los partidos políticos se comprometan con una laicidad respetuosa de los derechos humanos y que deroguen las leyes 21, 94 y 9 si forman el próximo gobierno.
Lee y firma la Declaración contra la instrumentalización de la laicidad
Las personas migrantes en el centro de la campaña electoral
Este debate no puede separarse de los ataques políticos más amplios contra la inmigración.
El líder del Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, quiere reducir en más de la mitad el número de inmigrantes temporales en Quebec, pasando de más de 500.000 a entre 200.000 y 250.000. En repetidas ocasiones ha vinculado los niveles de inmigración con la presión sobre la vivienda, las escuelas, los servicios públicos y el futuro de la lengua francesa.
El Partido Conservador de Quebec lleva este discurso aún más lejos.
El 14 de septiembre, su líder, Éric Duhaime, propuso reducir en un 25 % la asistencia social para solicitantes de asilo y restringir su acceso a viviendas subvencionadas y servicios de guardería. Justificó la propuesta afirmando que muchas personas solicitantes de asilo vienen a Quebec para aprovecharse de los programas sociales. También quiere reducir el número de refugiados y las admisiones por reunificación familiar dentro de las categorías de inmigración permanente no económica de Quebec.
En este relato, una persona solicitante de asilo —alguien que puede haber huido de la persecución, la guerra o el peligro— se convierte en sospechosa y debe demostrar que no está “aprovechándose” de la sociedad quebequense.
El Parti Québécois también ha convertido la defensa y ampliación del actual modelo de laicidad de Quebec en una parte central de su programa político. Una abrumadora mayoría de sus miembros ha apoyado restricciones a la oración pública y a las prácticas religiosas en instituciones educativas financiadas con fondos públicos.
El Partido Liberal de Quebec ha adoptado una posición diferente respecto a algunos aspectos de la Ley 21. Su líder, Charles Milliard, ha dicho que un gobierno liberal no renovaría la cláusula derogatoria que protege partes de la Ley 21 frente a impugnaciones constitucionales cuando expire en 2029, una posición que el PQ ha atacado como una amenaza al modelo de laicidad de Quebec.
Existen diferencias reales entre los partidos. Pero el propio terreno político ha cambiado: las personas migrantes, solicitantes de asilo, minorías religiosas y, particularmente, las personas musulmanas se ven cada vez más obligadas a defender sus derechos fundamentales en un debate electoral centrado en quién pertenece a Quebec y bajo qué condiciones.
El racismo no se queda dentro del Parlamento
La retórica política tiene consecuencias más allá de la Asamblea Nacional.
Las personas y organizaciones que desafían las políticas discriminatorias no solo se enfrentan a las decisiones gubernamentales. También enfrentan un clima creciente de hostilidad.
Esto se hizo particularmente visible durante las movilizaciones semanales frente a la oficina de la ministra Christine Fréchette. Cuando las protestas llegaron a su decimoquinta sentada, los organizadores denunciaron amenazas y una avalancha de comentarios racistas en su página de redes sociales.
Las personas migrantes no crearon la crisis
Durante una campaña electoral es fácil culpar a los recién llegados por la escasez de viviendas, a las personas migrantes por las escuelas sobrecargadas o a los solicitantes de asilo por la presión sobre los servicios públicos.
Pero las personas migrantes no privatizaron la vivienda. No redujeron la inversión en los servicios públicos. No crearon la crisis del sistema de salud. Y tampoco diseñaron un sistema migratorio que mantiene deliberadamente a cientos de miles de trabajadores en una situación temporal y precaria.
Los trabajadores y trabajadoras migrantes forman parte de la clase trabajadora que mantiene en funcionamiento los almacenes, fábricas, restaurantes, servicios de cuidados, sistemas de transporte y otros sectores esenciales de Quebec.
Muchos pagan impuestos y realizan trabajos esenciales mientras viven, al mismo tiempo, bajo la amenaza de perder su estatus migratorio, su permiso de trabajo o su derecho a permanecer en Canadá.
Convertir a estos trabajadores en chivos expiatorios no construirá ni una sola vivienda asequible. No abrirá una nueva aula. No pondrá una enfermera más en un hospital.
Solo desvía la indignación de la clase trabajadora lejos de quienes son realmente responsables de la crisis.
Una laicidad que proteja la libertad, no que castigue la diferencia
La elección no es entre la laicidad y la religión.
Podemos defender un Estado laico y, al mismo tiempo, defender el derecho de un trabajador musulmán a rezar, el derecho de una mujer que lleva hijab a trabajar, el derecho de un trabajador sij a llevar turbante y el derecho de una persona judía, cristiana, atea o de cualquier otra convicción a vivir de acuerdo con sus creencias —o su falta de ellas— sin discriminación.
Un Estado laico debería ser neutral frente a sus ciudadanos. No debería exigir que las personas se vuelvan religiosamente invisibles antes de poder participar plenamente en la sociedad.
A medida que se acercan las elecciones de octubre, una de las preguntas más importantes para los movimientos sindicales y antirracistas es si permitiremos que los partidos políticos enfrenten a trabajadores, migrantes y minorías entre sí, o si devolveremos el debate a aquello que realmente comparten las personas trabajadoras: salarios, vivienda, servicios públicos, condiciones de trabajo, estatus migratorio y el derecho a vivir con dignidad.
La respuesta más fuerte a la política del chivo expiatorio es la solidaridad.
La campaña Montreal Rise Up (Montréal Debout) del IWC contra la Ley C-12 y las deportaciones masivas ofrece un modelo de movilización de los barrios para enfrentar las políticas antiinmigración alimentadas por la utilización de las personas migrantes y los trabajadores migrantes como chivos expiatorios de las crisis de vivienda, económicas y de los servicios sociales.
Es una forma de organización desde la base que permite movilizar a las comunidades para cambiar la narrativa antiinmigrante promovida por el Estado. Para obtener más información, consulta los materiales del IWC sobre la campaña Montreal Rise Up.
Los derechos de las personas migrantes son derechos de los trabajadores. Un ataque contra la libertad y la dignidad de un grupo de trabajadores hoy debilita los derechos de todos los trabajadores mañana.
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