En plena campaña electoral de Quebec, doce organizaciones que defienden a las trabajadoras y los trabajadores accidentados o afectados por enfermedades laborales—entre ellas el Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes (IWC-CTI)—interpelan a los principales partidos políticos.
En una carta conjunta enviada el 2 de septiembre de 2026, las organizaciones denuncian la creciente judicialización del sistema de indemnización por lesiones y enfermedades laborales. Las impugnaciones de los empleadores ante el Tribunal aumentaron de 2.343 en 1997–1998 a 29.688 en 2024, lo que representa un incremento cercano al 1.200%. Actualmente, las impugnaciones iniciadas por los empleadores constituyen más de tres cuartas partes de todos los litigios relacionados con lesiones y enfermedades laborales.
Estas impugnaciones sistemáticas agravan la precariedad y la inseguridad de las personas accidentadas o enfermas, retrasan su acceso a las indemnizaciones y a los tratamientos médicos, y con frecuencia las obligan a asumir importantes gastos legales simplemente para defender sus derechos.
La Ley para modernizar el régimen de salud y seguridad en el trabajo exige que el gobierno evalúe la reforma cinco años después de su adopción. Las organizaciones piden a todos los partidos que se comprometan a convertir esta evaluación en una revisión real del sistema, especialmente de sus mecanismos de financiación, para reducir los incentivos económicos que llevan a los empleadores a multiplicar las impugnaciones.
También exigen que la Comisión de Economía y Trabajo reciba el mandato, tan pronto como la Asamblea Nacional reanude sus actividades, de examinar públicamente el informe y recomendar cambios concretos. Las trabajadoras y los trabajadores accidentados o enfermos no deben seguir pagando el precio de un sistema que alienta a los empleadores a impugnar sus derechos.
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Para obtener más información sobre la campaña contra la judicialización excesiva: uttam.quebec/judiciarisation
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