El gobierno de Mark Carney está acelerando la maquinaria canadiense de deportación mientras responsabiliza a las personas migrantes y refugiadas por la crisis de vivienda, el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. Sin embargo, las personas migrantes no crearon estas crisis. Son el resultado de las decisiones de gobiernos que abandonaron la vivienda social, ampliaron los programas precarios de migración temporal y permitieron que empleadores e instituciones educativas explotaran a trabajadores migrantes y estudiantes internacionales.
En 2025, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá deportó a 23.160 personas, la cifra anual más alta de la historia del país. Actualmente, la Agencia está expulsando a unas 400 personas cada semana. Sin embargo, solo 1.010 de las personas deportadas en 2025 fueron expulsadas por motivos graves relacionados con la criminalidad, la seguridad nacional, el crimen organizado, los crímenes de guerra o las violaciones de derechos humanos.
La inmensa mayoría fue castigada por su situación migratoria o por el rechazo de su solicitud de asilo, no porque representara una amenaza para la sociedad.
El gobierno federal destinó 30,4 millones de dólares a ampliar la capacidad de la Agencia para ejecutar deportaciones. Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá
Quebec en el centro de la maquinaria de deportación
Las comunidades migrantes de Quebec están soportando la mayor carga de esta ofensiva. Durante los primeros cuatro meses de 2026, Quebec concentró el 55 % de todas las deportaciones realizadas en Canadá, frente al 30 % en 2022. Solo en Montreal se tramitan actualmente alrededor de 200 deportaciones por semana.
Esta escalada no puede explicarse únicamente por el número de solicitantes de asilo que viven en Quebec. La tasa de deportación de la provincia es desproporcionadamente alta en comparación con las regiones de Toronto y Vancouver. Quebec se está convirtiendo en un laboratorio para una amplia campaña de deportaciones alimentada por los discursos antimigrantes de los gobiernos federal y provincial.
Agentes fronterizos interceptan a personas en sus hogares, lugares de trabajo, espacios de culto e incluso en las escuelas de sus hijos. Cada vez más migrantes son detenidos desde el primer contacto con la Agencia. Otras personas son empujadas hacia la deportación mientras sus solicitudes humanitarias o casos judiciales siguen pendientes. Incluso tener hijos nacidos en Canadá o problemas graves de salud no siempre detiene el proceso.
Mostafa Henaway, organizador del Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes, ha denunciado que las personas cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas están siendo deportadas antes de poder utilizar los últimos recursos legales disponibles. El organizador Gaurav Sharma también ha advertido sobre el impacto traumático de la entrada de policías y agentes fronterizos en los hogares para detener a madres y padres delante de sus hijos. Investigación de The Breach sobre las deportaciones en Quebec
Las personas migrantes no crearon la crisis de vivienda
La destrucción del sistema canadiense de vivienda social comenzó décadas antes del reciente aumento de la inmigración. Desde la década de 1990, los gobiernos se retiraron del financiamiento y la construcción de viviendas públicas, dejando el sector cada vez más bajo el control de promotores, propietarios y especuladores inmobiliarios.
En 2023, el precio promedio de una vivienda en Canadá equivalía a 8,8 veces el ingreso promedio de un hogar, frente a solo 2,5 veces en 1980.
Una deportación no construye una sola vivienda. No reduce los alquileres, no crea camas hospitalarias ni detiene la especulación inmobiliaria. Tampoco responsabiliza a las instituciones educativas que cobraron miles de millones de dólares a estudiantes internacionales ni a los empleadores que utilizaron permisos de trabajo cerrados para imponer salarios bajos y silenciar a sus trabajadores.
Los gobiernos recibieron a las personas migrantes cuando necesitaban su trabajo, sus matrículas y sus impuestos. Ahora que las crisis producidas por esas políticas se han agravado, convierten a esas mismas personas en chivos expiatorios.
La deportación protege la explotación
La maquinaria de deportación no castiga a los empleadores que roban salarios o amenazan a trabajadores cuyo estatus migratorio depende de su empleo. Al contrario, fortalece su poder. Una persona que sabe que presentar una denuncia puede costarle su trabajo, su estatus y su permanencia en Canadá resulta más fácil de explotar.
La Ley C-12 también amplió el poder del gobierno para cancelar o suspender grupos de documentos migratorios mientras restringía el acceso a la protección de las personas refugiadas. De esta manera, las fallas administrativas se convierten en armas contra personas que no han cometido ningún delito, mientras se debilitan las garantías jurídicas y el derecho a la protección.
Detener las deportaciones—estatus para todas y todos
Canadá no necesita más detenciones ni deportaciones. Necesita una expansión masiva de la vivienda pública, servicios públicos adecuadamente financiados, medidas contra los empleadores y las instituciones que se benefician de la precariedad migratoria, y la eliminación de los permisos de trabajo cerrados.
El Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes exige la suspensión inmediata de las deportaciones, el fin de las separaciones familiares y un programa permanente e integral de regularización para todas las personas sin un estatus migratorio seguro. Todas las personas migrantes deben tener un estatus permanente y la libertad de cambiar de empleador, organizarse y defender sus derechos.
Las personas migrantes no son una crisis de la que haya que deshacerse. La verdadera crisis es un sistema que se beneficia de su trabajo y después las castiga por los fracasos de los gobiernos y los empleadores.
Basado en el análisis de Pitasanna Shanmugathas publicado en JURIST el 21 de agosto de 2026, con especial atención a la crisis de deportaciones en Quebec.
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