La conferencia de prensa realizada por el Centro de Trabajadores Migrantes en Montreal el 23 de enero de 2026 no fue una acción simbólica pasajera. Fue un testimonio colectivo contra un sistema migratorio y laboral que produce precariedad y luego evade su responsabilidad. En un contexto en el que desde 2024 el gobierno federal y el gobierno de Quebec compiten por endurecer las restricciones y reducir el número de migrantes los trabajadores migrantes se enfrentan directamente a las consecuencias de estas políticas. Explotación. Pobreza. Pérdida del estatus legal. Y largas esperas por una justicia que quizá nunca llegue.
Los trabajadores víctimas de la agencia privada de reclutamiento y colocación IRIS no pueden ver su historia reducida al nombre de una sola agencia. Siguen atrapados en procesos legales largos y complejos ante la CNESST para recuperar más de cien mil dólares en salarios impagos y tarifas ilegales de reclutamiento impuestas por la agencia y su propietario. Los años pasan mientras los trabajadores viven en una inestabilidad constante sin ingresos y sin protección.
Los abusos sufridos por los trabajadores no fueron únicamente financieros. Lo revelado va más allá del robo de salarios y muestra un patrón organizado de control y maltrato. Control administrativo total de sus vidas. Envío a lugares de trabajo no autorizados. Retención de documentos. Desinformación deliberada sobre su estatus legal. Malos consejos migratorios. Cobro de tarifas ilegales. Prácticas que encajan claramente en las características de la trata laboral. Las consecuencias fueron inmediatas y severas. Precariedad financiera extrema. Inseguridad jurídica. Y en algunos casos la pérdida total del estatus migratorio.
Estos hechos plantean una pregunta política que no puede ignorarse. Cómo se permitió que una agencia privada tuviera tanto poder sobre la vida de los trabajadores sin una supervisión efectiva de los gobiernos federal y provincial. Cómo se autorizó a esta agencia a reclutar trabajadores extranjeros temporales sin garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas por la ley. Y cómo se dejó a los trabajadores solos frente a las consecuencias mientras el mismo sistema continúa funcionando sin rendir cuentas.
A pesar de que el gobierno federal introdujo permisos de trabajo abiertos para trabajadores en situación de vulnerabilidad hace más de un año este mecanismo ha demostrado ser ineficaz. Los procedimientos son lentos. Los expedientes se prolongan. Los permisos vencen antes de ofrecer una protección real. Hoy muchos de estos permisos han expirado dejando nuevamente a los trabajadores en una situación legal inestable. Por ello se vieron obligados a presentar solicitudes de permisos de residencia temporal simplemente para permanecer en el país y continuar sus casos con el fin de recuperar sus salarios.
Los trabajadores exigen que el Estado asuma plenamente su responsabilidad. Fue el Estado quien otorgó a la agencia IRIS su autoridad legal. Fue el Estado quien permitió que los trabajadores quedaran atados a permisos de trabajo cerrados que conceden a empleadores e intermediarios un poder casi absoluto. Hoy estos trabajadores exigen que sus solicitudes de permisos de residencia temporal sean tratadas de manera rápida y justa para poder permanecer en Canadá y continuar su lucha legal sin temor a la deportación.
Las demandas son claras y no admiten evasivas. Una regulación efectiva y estricta de los intermediarios privados del mercado laboral. Protección real contra las prácticas abusivas. La abolición de los permisos de trabajo cerrados que hacen de la explotación un fenómeno estructural y no excepcional. Y un programa integral de regularización para los migrantes sin estatus que pierden su situación legal como consecuencia de estos abusos.
Como dijo uno de los trabajadores durante la conferencia de prensa utilizando un nombre ficticio por miedo a represalias. Somos víctimas dos veces. Una vez por la agencia IRIS y otra por un sistema migratorio que nos mantiene en una precariedad permanente. Otro trabajador añadió que las autoridades migratorias se niegan a reconocer que lo que están viviendo no es un incidente aislado sino el resultado natural de un sistema disfuncional.
Lo revelado en esta conferencia de prensa no es un escándalo pasajero sino el reflejo de un sistema completo. Un sistema que construye la economía sobre la espalda de trabajadores sin seguridad y luego los castiga cuando reclaman sus derechos. El Centro de Trabajadores Migrantes afirma que esta lucha no se detendrá. Porque la justicia no se alcanza a través del silencio. Y porque la dignidad no puede seguir siendo condicionada por el miedo.
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